Este 24 de agosto de 2025 la Corte Constitucional inició las audiencias sobre las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes impulsadas por el presidente Daniel Noboa y su bloque ADN. En total se han presentado 73 demandas contra cuatro normas: la Ley de Integridad Pública, la Ley de Inteligencia, la Ley de Solidaridad y la Ley para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas. El proceso arrancó con la Ley de Solidaridad, que ya acumula seis demandas, principalmente por disposiciones sobre conflicto armado interno e indulto presidencial diferido. Esta norma está bajo análisis del juez Alí Lozada y tiene cuatro artículos suspendidos de manera provisional. La Ley de Integridad Pública es la más cuestionada, con 62 demandas hasta el 21 de agosto. Los artículos que obligaban a cooperativas a transformarse en bancos y los cambios que permitieron despidos masivos fueron suspendidos de forma provisional. La audiencia para esta norma fue fijada para el 27 de agosto por el juez José Luis Terán, tras un pedido de más tiempo de la Presidencia y la Asamblea. La Ley de Inteligencia, que registra dos demandas, también tiene 12 artículos suspendidos, entre ellos el que permitía acceder a datos de usuarios de telefonía sin orden judicial. Esta audiencia está prevista para el 1 de septiembre. En total, la Corte aceptó medidas cautelares sobre 17 artículos de las tres leyes principales, lo que encendió el choque entre Noboa y los jueces constitucionales. El presidente incluso encabezó una marcha en contra de la Corte, responsabilizando a los magistrados de la inseguridad del país. Los constitucionalistas advierten que algunos artículos difícilmente pasarán el filtro de legalidad, sobre todo los que crean un “estado de excepción paralelo” en la Ley de Solidaridad y los que permiten obtención de información sin orden judicial en la Ley de Inteligencia. También se cuestionan los cambios en el juzgamiento a menores, la eliminación de instituciones públicas y la obligación de incinerar información de gastos reservados. Según el jurista Ismael Quintana, la Ley de Integridad Pública tiene un problema adicional: falta de coherencia legislativa, pues nació para regular contratación pública, pero le agregaron reformas sin conexión alguna. Mientras tanto, la Corte escuchará a demandantes y representantes del Gobierno antes de resolver si estas leyes se caen o se mantienen. La tensión política aumenta y todo apunta a que el fallo tendrá un fuerte impacto en la agenda de Noboa.