Advierten mano dura por especulación de combustibles en Ecuador




El Gobierno anunció acciones legales y administrativas contra quienes oculten o nieguen la venta.
El Gobierno Nacional anunció este 11 de mayo de 2026 que tomará acciones legales y administrativas contra la especulación y el acaparamiento de combustibles en Ecuador. La advertencia llega en medio de la preocupación de conductores y sectores productivos. En un comunicado, las autoridades aseguraron que el país tiene abastecimiento suficiente para atender la demanda. El mensaje apunta a dar calma frente a rumores sobre posibles problemas de suministro. Según la información oficial, hay combustibles disponibles en estaciones de servicio y sectores estratégicos. EP Petroecuador mantiene acciones operativas y logísticas para sostener el despacho. Esas tareas se ejecutan en terminales, refinerías y depósitos. El Ejecutivo también sostuvo que existe un stock adecuado para cubrir la demanda nacional. Con ese pronunciamiento, el Gobierno insistió en que no hay desabastecimiento. La prioridad, según el comunicado, es mantener el flujo normal de gasolinas y diésel.
Además, el Ejecutivo rechazó cualquier acción orientada a negar la venta de combustibles o causar conmoción entre la ciudadanía. Las autoridades recordaron que el artículo 78 de la Ley de Hidrocarburos prohíbe el acaparamiento y la especulación. Esa norma también alcanza a derivados de petróleo, gas licuado de petróleo y biocombustibles. El control está a cargo de la Coordinación Nacional de Control de Hidrocarburos. La normativa vigente también contempla sanciones por adulteraciones en calidad, precio o volumen. El Gobierno pidió a la ciudadanía reportar cualquier irregularidad detectada en distribuidoras o comercializadoras. Para denuncias, habilitó la línea 1800 Lojusto, que corresponde al número 1800 565878. También está disponible el WhatsApp 0996333878 de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. Las autoridades seguirán desplegadas en territorio para verificar el cumplimiento de la ley. El objetivo oficial es evitar abusos y mantener el abastecimiento bajo control en todo el país.
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