La Asamblea Nacional decidió este lunes, 13 de noviembre, no autorizar el juicio penal en contra de la legisladora del correísmo, Mónica Palacios, tras una querella presentada por el presidente de la República, Daniel Noboa. Con 84 votos en contra, 26 a favor y 10 abstenciones, el Parlamento rechazó la solicitud de la jueza Mercedes Caicedo, quien había solicitado levantar la inmunidad de Palacios para continuar el proceso por calumnias.

La controversia surgió luego de que el presidente acusara a Palacios de declaraciones difamatorias. La legisladora respondió con duras críticas, señalando que el Gobierno está utilizando las instituciones del Estado para atacar a quienes considera adversarios políticos.

Defensa legislativa

Ana María Raffo, quien propuso la moción para evitar el juicio, calificó la situación como un intento de “avasallamiento” por parte del Ejecutivo. “No somos su hacienda”, afirmó Raffo, mientras denunciaba lo que considera una serie de acciones antidemocráticas del Gobierno, como la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad y las maniobras para impedir la inscripción de candidatos presidenciales en las elecciones pasadas.

Por su parte, Mónica Palacios expresó que esta decisión de la Asamblea es un mensaje claro para el Ejecutivo: “En el primer poder del Estado, la Constitución se cumple”. Además, criticó que el Gobierno esté a la deriva por lo que calificó como improvisación del mandatario.

Un enfrentamiento cada vez más tenso

Este episodio ha intensificado la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, un conflicto que ya se había evidenciado en otros momentos recientes, como el caso de Verónica Abad, quien fue suspendida de sus funciones como vicepresidenta por un sumario administrativo impulsado desde el Gobierno.

Palacios aprovechó para enfatizar que la ciudadanía no debe tolerar “la tiranía de un niño rico”, en referencia a Noboa, y agregó que su gestión se caracteriza por ir en contra de mujeres que no se alinean a sus intereses.

El marco constitucional

El artículo 128 de la Constitución establece que los legisladores solo pueden ser procesados penalmente con autorización previa de la Asamblea, siempre que el caso esté relacionado con el ejercicio de sus funciones. Este principio fue el fundamento legal para que el Pleno desestimara el pedido contra Palacios.

Mientras tanto, el Ejecutivo ha mantenido silencio sobre la resolución del Parlamento, aunque esta decisión podría generar nuevas tensiones en un ambiente político ya polarizado.