Guayaquil vive momentos de caos debido a la paralización del servicio de transporte público, generada por las presiones de varias operadoras de buses que exigen un aumento en las tarifas. De acuerdo con la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), 14 de las 58 operadoras de transporte continúan brindando servicio a pesar de las amenazas y actos de vandalismo que han enfrentado. Se han reportado bloqueos, pinchazos de llantas y atentados contra las unidades que siguen operando, lo que ha afectado gravemente la movilidad en la ciudad.

Hasta el momento, las autoridades han coordinado acciones de contingencia con la Policía Nacional y la empresa pública Segura EP para tratar de controlar la situación y garantizar la seguridad de los ciudadanos. En los puntos críticos, los agentes de la ATM están levantando informes técnicos para sancionar a las cooperativas que no están cumpliendo con su deber de brindar el servicio público de transporte. Algunas de las operadoras afectadas por el proceso sancionatorio son Juan Pueblo, Río Amazonas, Chongón y Copetrans.

La suspensión o interrupción del servicio público de transporte podría derivar en sanciones penales o administrativas, según lo establece la normativa vigente. Las autoridades locales han recordado a los transportistas que deben cumplir con su obligación de prestar el servicio, ya que de lo contrario, enfrentarán consecuencias legales.

Ante esta situación, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue categórico en su respuesta a los transportistas, particularmente al líder de este grupo, Christian Sarmiento, a quien llamó "el ZAR negativo de los transportistas privados urbanos de Guayaquil". Álvarez, en declaraciones contundentes, reiteró que no se dejará presionar y que no habrá un aumento en las tarifas bajo las condiciones propuestas por los transportistas. "Yo no me doblego ante presiones de ningún tipo. La tarifa NO SE VA A SUBIR a su manera", enfatizó.

El alcalde también indicó que aquellos que se sumen al paro serán sancionados tanto administrativamente como penalmente, en coordinación con la fiscalía del Guayas. Mientras tanto, miles de guayaquileños se ven afectados por la falta de transporte, obligados a buscar alternativas en medio de una crisis que parece prolongarse. Las autoridades continúan trabajando en medidas para mitigar el impacto de este paro, pero la situación sigue siendo crítica.