Granasa presentó una denuncia penal por presunto prevaricato contra Carlos Cristóbal López Vulgarin, juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes de Guayaquil. La acción fue ingresada este 21 de abril de 2026 ante la Fiscalía Provincial del Guayas. El reclamo nace por la tramitación de una acción de protección relacionada con un conflicto societario. Según la denuncia, el juez habría concedido una medida cautelar en un tema que tendría carácter patrimonial y no constitucional. El documento fue presentado por Galo Eduardo Martínez Leisker, representante legal de Gráficos Nacionales S.A., Granasa. En el escrito se detalla que el 28 de marzo de 2026 Carlos Cadena Asencio, liquidador de Veranera S.A., presentó la acción de protección. Ese mismo día, la causa fue asignada al juez López Vulgarin. De acuerdo con la denuncia, el magistrado avocó conocimiento y admitió a trámite el caso en esa fecha. También ordenó en 24 horas la inscripción de Veranera S.A. como titular del 40 % de acciones en el libro societario de la empresa editora de EXPRESO y EXTRA. Granasa sostiene que esa decisión fue emitida contra normas legales y precedentes obligatorios de la Corte Constitucional. En la denuncia se menciona la sentencia 3372-22-EP/25 de la Corte Constitucional. Ese fallo señala que las acciones de protección no pueden usarse para resolver disputas patrimoniales o societarias cuando existen vías judiciales ordinarias. El escrito también cita el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Según Granasa, el 2 de abril pidió la revocatoria de la medida cautelar. La empresa asegura que esa solicitud no fue resuelta a tiempo. Pese a eso, el proceso habría seguido avanzando con nuevas actuaciones. El 13 de abril, el juez dispuso certificar el cumplimiento de la orden, según consta en la denuncia. Esa decisión abrió paso al envío de piezas procesales a la Fiscalía para investigar un supuesto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Ahora, Granasa pide que la Fiscalía abra una investigación previa y reciba las versiones del juez denunciado y del accionante. El prevaricato está tipificado en el artículo 268 del COIP y puede ser sancionado con prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.