El 30 de junio de 2024, un juez de la Corte Nacional dictó prisión preventiva para 14 personas y medidas cautelares para otras 3 en el marco del caso Plaga. La investigación busca desmantelar una presunta red de delincuencia organizada que habría manipulado el sistema judicial para liberar a reclusos en Ecuador.

Entre los 17 procesados se encuentran jueces, exjueces, servidores judiciales, abogados y otros funcionarios, detenidos el 29 de junio en ocho provincias del país. La Fiscalía reveló detalles de la participación de cada uno en esta trama de corrupción.

Cristian Giovanny R. M., presunto líder de la organización, coordinaba estrategias para liberar a personas privadas de libertad. Utilizaba sobornos y certificados médicos adulterados para influir en las decisiones judiciales. Jorge Ecuardo A., juez de Unidad Judicial Penal de Santo Domingo, facilitaba la libertad de colaboradores criminales a cambio de sumas significativas de dinero.

Jonathan Roberto A. S., otro de los implicados, redactaba demandas y resoluciones para jueces corruptos. Xavier Raul A. B., exfuncionario del Centro de Privación de Libertad Azuay N° 1, emitía boletas de excarcelación ilegítimas. Javier Enrique G. C., abogado colaborador, manejaba los beneficios económicos obtenidos por la organización y facilitaba sobornos a operadores judiciales.

La red también incluía a Bryan Guillermo P. Z., abogado en libre ejercicio, quien gestionaba pagos a funcionarios judiciales; y a Danny Andrés O. Z., exfuncionario de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, quien facilitaba la emisión de boletas de excarcelación.

Este caso pone en evidencia la corrupción sistémica que afecta al sistema judicial ecuatoriano. Las autoridades continúan investigando para identificar a otros posibles involucrados y asegurar la justicia para las víctimas de esta red criminal.