El caso Triple A entra en sus días más decisivos después de más de dos años de investigación y retrasos judiciales. El proceso involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y a otros 21 procesados. El Tribunal Anticorrupción tiene previsto reinstalar la audiencia entre el 24 y el 25 de julio. Durante esas jornadas se espera completar la presentación de las pruebas pendientes. Para el 26 de julio están programados los alegatos finales de las partes. Después de estas intervenciones, los jueces podrán retirarse a deliberar y preparar su resolución. La Fiscalía asegura que habría existido una estructura dedicada al desvío y comercialización irregular de combustibles subsidiados. Según su teoría, estas actividades habrían provocado un perjuicio de 61,5 millones de dólares al Estado. Los procesados rechazan las acusaciones y afirman que no cometieron ningún delito. La causa comenzó el 12 de julio de 2024 tras una denuncia por presuntas irregularidades en la venta de combustibles.

La investigación avanzó con allanamientos realizados el 23 de julio de 2024 y varias audiencias que fueron aplazadas. Aquiles Alvarez fue vinculado formalmente al proceso en abril de 2025. Desde entonces enfrentó la causa con medidas cautelares, como la prohibición de salir del país y el uso de un grillete electrónico. El llamamiento a juicio fue emitido el 19 de julio de 2025. Sin embargo, la audiencia de juzgamiento sufrió cerca de seis meses de retrasos por reprogramaciones y cambios en el Tribunal. El juicio quedó instalado de manera definitiva el 14 de marzo de 2026. Desde esa fecha, los jueces han escuchado a peritos, investigadores, funcionarios, expertos y testigos. Alvarez permanece privado de libertad por una medida dictada dentro del caso Goleada. Su defensa pidió que pueda rendir su testimonio presencialmente durante la audiencia prevista para el 25 de julio. Ahora el Tribunal deberá decidir si existen responsabilidades penales o si corresponde ratificar la inocencia de los procesados.