El caso Triple A investiga la presunta comercialización irregular de combustibles subsidiados en Ecuador. Según la acusación, una red de empresas habría movilizado aproximadamente 22,7 millones de galones. La Fiscalía calcula que estas operaciones habrían provocado un perjuicio cercano a USD 61,5 millones para el Estado. Entre las pruebas aparecen registros de compras atribuidas a vehículos particulares. Uno de ellos corresponde a un Chevrolet Cruze modelo 2013. Entre agosto de 2022 y septiembre de 2024, el auto habría registrado compras por 145.115,45 galones de combustible. El cálculo presentado dentro del proceso muestra una cifra difícil de explicar mediante un consumo habitual. Esto implicaría llenar completamente el tanque cerca de 8,4 veces cada día durante más de dos años. Otro registro está relacionado con una Toyota Hilux modelo 2012. La camioneta tendría motor a gasolina, pero aparece con compras acumuladas de 40.458 galones de diésel.

El dato más fuerte corresponde al 18 de septiembre de 2023. Ese día, la camioneta habría comprado 3.428,57 galones de diésel prémium por un valor cercano a USD 5.000. La inconsistencia genera una pregunta directa sobre el destino real del combustible. Los investigadores analizan si las placas fueron utilizadas para justificar la salida de productos hacia lugares distintos de los autorizados. La acusación sostiene que los registros formarían parte de un presunto mecanismo de distribución ilegal. El proceso incluye a personas naturales y empresas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos. Entre los procesados se encuentra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Álvarez ha rechazado las acusaciones y ha señalado que las comercializadoras vinculadas actuaban como intermediarias. El juicio continúa y las defensas presentan sus pruebas ante el tribunal. El tribunal deberá determinar la responsabilidad o inocencia de cada procesado con base en las evidencias presentadas.