El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha sentenciado un duro golpe al Movimiento Construye, al cancelar su registro como organización política debido a infracciones electorales graves. La denuncia inicial fue presentada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, quien evidenció el incumplimiento del numeral 1 del artículo 281 del Código de la Democracia, referente a la presentación de informes financieros.

La resolución del TCE implica la exclusión de Construye de las elecciones presidenciales del 2025, lo que representa un revés significativo para esta fuerza política. Además de esta sanción, se impuso una multa económica de 35 Salarios Básicos Unificados al representante legal del movimiento, Iván Raúl González.

El fallo ha desencadenado fuertes reacciones, especialmente por parte de Construye y sus simpatizantes. Se ha denunciado públicamente una presunta presión ejercida desde el gobierno para obtener esta decisión del tribunal. La exministra de Gobierno, María Paula Romo, ha acusado directamente al presidente Daniel Noboa de interferir en el proceso judicial.

Construye, por su parte, ha rechazado contundentemente el fallo, argumentando que se trata de un intento por silenciar a una organización crítica y en crecimiento. Han anunciado su intención de apelar la decisión y, en última instancia, acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esta cancelación deja a Construye en una situación delicada, sin posibilidad de participar en la contienda electoral del 2025 y con un importante desafío legal por delante.