El paro nacional cumplió cinco días y pegó con fuerza en Imbabura. La Conaie denunció el ingreso de militares y policías en la parroquia La Esperanza, con gases y heridos en zonas del Pueblo Karanki. Un video mostró a manifestantes gritar a los uniformados y fotos exhibieron cartuchos marcados “LESS LETHAL DEFENSE”. El presidente Daniel Noboa descartó negociar el fin del paro porque, dijo, eso sería “atentar contra la democracia”. Aseguró que el Gobierno resistiría en Imbabura de la misma forma en que las organizaciones lo han hecho. Las protestas se mantuvieron dispersas en pocos cantones, con cierres de vías y choques puntuales. El Gobierno reportó cerca de un centenar de detenidos y el ministro del Interior habló de entre 95 y 96 aprehendidos. Doce kichwas capturados en Otavalo fueron llevados a cárceles de Esmeraldas y Portoviejo. Ese traslado ocurrió mientras una masacre en la prisión de Esmeraldas dejó 17 muertos. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca alertó denuncias de heridos y presuntas desapariciones tras el operativo policial del 25 de septiembre. La Universidad de Cuenca rechazó lo que calificó como represión desproporcionada contra estudiantes en un plantón. La Cedhu pidió garantizar acceso a abogados y paraderos conocidos de los detenidos. En Otavalo una mujer encaró a manifestantes que cerraban vías y perdió su celular en medio de empujones. En Antonio Ante comerciantes marcharon pidiendo que los dejen trabajar. La gobernadora Elsy Landeta dijo que hubo daños a vehículos estatales causados por quienes bloqueaban. Expoflores aseguró que fincas en Imbabura fueron agredidas y forzadas a unirse al paro, y que a su personal le quitaron los teléfonos. En la Amazonía, comunidades kichwas difundieron imágenes de bloqueos en la Troncal Amazónica y ratificaron que el paro seguía. La Conaie denunció además el ingreso violento de policías en la comunidad de Huaycopungo, en Otavalo. Doce de trece procesados por un ataque a un destacamento policial en Otavalo recibieron prisión preventiva por presunto terrorismo, y 48 personas eran investigadas por varios delitos. El ministro del Interior anunció el decomiso de 18.000 galones de diésel que, según dijo, iban a usarse en delitos de narcotráfico.