La COP29, celebrada en Bakú, Azerbaiyán, concluyó con un pacto climático que ha dejado un sabor amargo entre las naciones en desarrollo. El acuerdo establece que los países ricos aportarán US$ 300.000 millones anuales hasta 2035 para apoyar a los países más vulnerables en su lucha contra los efectos devastadores de la crisis climática. Sin embargo, este monto está lejos de los US$ 1,3 billones que los expertos consideran necesarios.

Durante más de dos semanas, las negociaciones estuvieron plagadas de tensiones, con grupos como los pequeños Estados insulares abandonando las conversaciones en protesta por la falta de compromisos reales. Finalmente, a las 2:40 am del domingo, se llegó a un acuerdo que muchos califican como insuficientes y simbólicos.

En su discurso final, Simon Stiell, jefe de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, calificó el acuerdo como “una política de seguro para la humanidad”. Sin embargo, figuras clave como Chandni Raina, representante de India, criticaron duramente el pacto, calificándolo como “una ilusión óptica” que no aborda la magnitud del desafío climático.

Además, el contexto de la COP29, realizada en un petroestado y con la participación de más de 1.700 cabilderos de combustibles fósiles, ha generado fuertes críticas. Arabia Saudita y otros países exportadores de petróleo rechazan cualquier referencia a la reducción de combustibles fósiles, debilitando aún más la ambición del pacto.

Mientras tanto, activistas y líderes climáticos, como Friederike Otto del Imperial College de Londres, señalaron que esta cumbre representó un retroceso en la lucha climática global. Tasneem Essop, director de Climate Action Network, afirmó: “Se suponía que esta sería la COP de las finanzas, pero se ha traicionado al sur global”.

El camino hacia un verdadero compromiso climático parece más complicado que nunca, dejando a los países en desarrollo con la urgente necesidad de continuar exigiendo justicia climática y acciones concretas.