La Revolución Ciudadana presentó ante la Corte Constitucional una demanda contra la designación de Carlos Alarcón. La acción se dirigió contra la resolución 072-2025 del Consejo de la Judicatura emitida el 3 de octubre de 2025. Esa resolución colocó a Alarcón como reemplazo del fiscal general subrogante Wilson Toainga ante ausencia temporal o definitiva. La decisión fue aprobada por unanimidad por los cinco nuevos vocales de la Judicatura. Dichos vocales habían sido posesionados por la Asamblea Nacional para el periodo 2025-2031 pocos días antes.

La demanda fue ingresada el 8 de octubre de 2025 y quedó a la espera de admisión a trámite. En el escrito el movimiento pidió que la resolución fuera declarada inconstitucional y dejada sin vigencia. El correísmo sostuvo que en la ley no existía el cargo de “fiscal subrogante del subrogante”. También señaló que la designación del titular de la Fiscalía General correspondía al CPCCS mediante concurso. La acción incluyó la solicitud de medidas cautelares para suspender provisionalmente la resolución. RC aseguró que la norma podía causar daños irreparables en la conducción de la acción penal pública. El movimiento advirtió que la medida afectaba además la estabilidad institucional de la Fiscalía. En su argumentación acusó a la Judicatura de vulnerar el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Igualmente alegó afectación a los principios de legalidad, competencia y supremacía constitucional. La demanda mencionó responsabilidad por ejercicio irregular del poder público.

También invocó la autonomía de la Fiscalía General del Estado como principio comprometido. Para ese momento Wilson Toainga se encontraba subrogando y prorrogado en funciones. Toainga había asumido el despacho en reemplazo de Diana Salazar tras su renuncia. Salazar dejó el cargo alrededor de seis semanas después de concluido su periodo de seis años. El CPCCS aún no había designado a su sucesor definitivo.