La Corte Constitucional vivió una jornada maratónica el 28 de agosto de 2025. En la audiencia se escuchó a 26 demandantes y a quienes defendieron la norma. Las acciones apuntaron contra la Ley de Integridad Pública. Hasta el 15 de agosto la Corte había recibido 61 demandas. Tras 8 horas con 25 minutos de intervenciones la sesión se suspendió. La continuación se anunció para este 28 de agosto a las 10:00. Los sindicatos pusieron el foco en los despidos en el sector público. Aseguraron que más de 5.000 funcionarios fueron separados. Andrés Quishpe dijo que la medida responde a metas con el FMI. Habló de un plan que llegaría a 70.000 desvinculaciones en 2029. Marcela Arellano advirtió que el rediseño laboral reduce estabilidad. Señaló que la evaluación se volvió un castigo y amplía discrecionalidad. Marcelo Armijos pidió a los jueces resistir presiones externas. Otra crítica apuntó al aumento de sanciones para adolescentes. Paúl Ocaña alertó que la detención pasaría a ser la única medida en delitos graves. Natasha Rojas recordó que los artículos 35 y 44 exigen priorizar medidas socioeducativas. También se cuestionó la falta de unidad de materia en la ley. André Benavides dijo que se obligó a cooperativas a transformarse en bancos y se reformaron más de 20 leyes. El Gobierno replicó que todo está alineado al combate a la corrupción, según Mercedes Mediavilla. Stalin Andino defendió que fue un proyecto económico urgente y que regula la relación del Estado con la ciudadanía.