En Cuenca, al menos siete dirigentes y activistas ambientales fueron puestos bajo la lupa judicial. Las pesquisas se activaron tras protestas contra el proyecto minero Loma Larga y el paro nacional convocado por la Conaie. Las causas abiertas apuntan a presuntos delitos de enriquecimiento privado no justificado y asociación ilícita. Los nombres que aparecieron en los expedientes encendieron alertas en colectivos ciudadanos. Entre los investigados están David Fajardo del Cabildo por el Agua de Cuenca y Lizardo Zhagui, presidente de la Junta de Agua de Tarqui y Victoria del Portete. También figuran Sebastián Cevallos de Unidad Popular; Edison Deleg y Óscar Reyes del Frente Unido de Trabajadores. A la lista se suman Lauro Sigcha y Yaku Pérez de la FOA, y Ángel Cartuche de Pachakutik. Zhagui contó que sus dos cuentas bancarias, una comercial y otra personal, fueron bloqueadas hace más de una semana. Dijo que el 25 de septiembre recibió la notificación de una indagación por enriquecimiento privado no justificado. “Es una represalia del Gobierno; nuestro pecado fue luchar por el agua”, afirmó el dirigente. Relató que primero le congelaron la cuenta con la que atiende un “banco del barrio” de Banco Guayaquil y luego la personal. Un cuadro parecido vive David Fajardo, también notificado por presunto enriquecimiento privado no justificado. Julián Sancho Zumba, de la junta de riego Trancas-Corralpamba Victoria del Portete, reportó su cuenta bloqueada aunque aún no recibe notificación formal. Edison Deleg aseguró que enfrenta procesos por paralización de un servicio público y asociación ilícita. Señaló que él y otro representante del FUT ven en esto una persecución desde el Gobierno Nacional. Deleg advirtió que la protesta continuará para exigir medicinas, recursos para salud, educación y rechazar leyes que precarizan la vida. Sebastián Cevallos denunció en redes que “la policía y el Gobierno quieren llevarnos a la cárcel por protestar”. La FOA publicó un pronunciamiento en el que calificó lo ocurrido como escalada de persecución política y judicial contra defensores del agua. En el expediente por presunta asociación ilícita se dispuso que los dirigentes comparezcan el 10 de noviembre de 2025 ante la Fiscalía del Azuay. Las organizaciones anunciaron que mantendrán su resistencia mientras piden garantías para el derecho a la protesta.