El conflicto entre el Presidente Daniel Noboa y la Vicepresidenta Verónica Abad alcanzó un nuevo nivel de tensión. Diana Jácome, asesora del mandatario, presentó una denuncia formal ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra Abad, acusándola de utilizar la ley como arma política contra el Gobierno. Esta acción se da como respuesta a la denuncia que la Vicepresidenta interpuso la semana pasada contra Noboa por supuesta violencia política de género, una situación que ha generado un escándalo en el ámbito político del país.

Jácome, conocida por su firme defensa de los derechos de las mujeres, señaló en su denuncia que la Vicepresidenta Abad ha minimizado la importancia de la violencia de género, sugiriendo que este problema es más una manipulación política que una realidad estructural. En su declaración, la asesora expresó que “no permitiré que se utilice esta causa justa como excusa para perseguir intereses políticos y personales amparados con la vieja política”, reafirmando su compromiso con la justicia y la equidad.

La asesora presidencial solicitó al TCE que suspenda los derechos políticos de Abad y le imponga una multa, argumentando que la Vicepresidenta ha utilizado su denuncia contra Noboa y otros funcionarios del Gobierno para desestabilizar la administración actual. Además de Noboa, la denuncia de Abad también incluye a la canciller Gabriela Sommerfeld, al viceministro de Gobierno, Esteban Torres, y a la propia Diana Jácome, lo que ha llevado a que el Gobierno cierre filas en defensa de sus miembros.

La denuncia de Jácome ha sido interpretada como un intento de frenar lo que el Gobierno considera una maniobra política por parte de Abad para ganar terreno en las próximas elecciones presidenciales y legislativas del 9 de febrero. Según Jácome, Abad busca aprovechar la situación para eliminar a sus rivales políticos, utilizando la ley electoral como una herramienta de venganza personal.

En su cuenta de la red social X, Jácome expresó su confianza en que el TCE actuará con imparcialidad y justicia, permitiéndole continuar su participación política sin obstáculos indebidos. La situación ha generado un ambiente de alta tensión en el entorno político ecuatoriano, y el país se encuentra a la expectativa de la resolución del tribunal.

De acuerdo con la normativa electoral vigente, la denuncia presentada por Abad podría ser considerada una “infracción electoral muy grave”, que podría resultar en la destitución y/o suspensión de los derechos políticos por un período de dos a cuatro años, además de una multa significativa. La respuesta del TCE será crucial para determinar el rumbo de este conflicto, que ha captado la atención de todo el país.