En un movimiento que ha generado una gran controversia, el Departamento de Educación de Oklahoma ha emitido una orden para que todas las escuelas públicas del estado incorporen la Biblia en sus enseñanzas. La orden fue realizada por el superintendente estatal republicano Ryan Walters y se aplicará de inmediato a las clases con estudiantes de 11 a 18 años.

“Cada maestro, cada aula del estado tendrá una Biblia y enseñará a partir de la Biblia para garantizar que esta comprensión histórica esté disponible para todos los estudiantes del estado de Oklahoma”, declaró Walters en un comunicado. Según él, sin conocimientos básicos del tema, los estudiantes de Oklahoma son incapaces de contextualizar adecuadamente la fundación de la nación.

Este mandato ha sido ampliamente criticado por grupos estudiantiles y de derechos civiles, quienes lo describen como "inconstitucional" y resultado de un "abuso de poder". Aún es posible que la orden sea revocada por la Corte Suprema de Oklahoma, que recientemente rechazó otro proyecto de Walters para crear la primera escuela religiosa financiada por los contribuyentes.

La controversia en Oklahoma no es un caso aislado en Estados Unidos. En Luisiana, nueve familias están demandando al estado después de que se ordenara que las aulas, incluidas las universidades, exhibieran un cartel de los Diez Mandamientos. Estos movimientos han sido vistos como intentos de erosionar el secularismo y la libertad religiosa garantizada por la Constitución.

La introducción de normas que van en contra del secularismo y la libertad religiosa está generando un creciente debate en la nación. Grupos de derechos civiles han expresado su preocupación sobre el impacto de estas medidas en la educación pública y en la separación de iglesia y estado.

El tema ha suscitado preguntas sobre la influencia de la religión en la educación y el poder político en Estados Unidos. La situación en Oklahoma y Luisiana podría sentar precedentes para futuros casos y decisiones en otros estados.

La controversia también ha planteado interrogantes sobre la capacidad de los políticos para imponer normas educativas que puedan ser percibidas como violaciones a la constitución y los derechos civiles. Mientras tanto, el país observa atentamente los desarrollos en estos estados, esperando las decisiones judiciales que podrían definir el futuro de la educación pública en relación con la religión.