El Gobierno modificó su estrategia de seguridad luego de las elecciones del 9 de febrero.

La orden es que Policía y Fuerzas Armadas permanezcan en territorio.

El objetivo es contener la violencia criminal, que ha aumentado en el país.

Entre enero y febrero, los homicidios alcanzaron un promedio de 25 diarios.

Como primera medida, se ordenó el desplazamiento de altos mandos a zonas conflictivas.

Esto incluye ministros, generales, coroneles y unidades del Bloque de Seguridad.

La decisión generó la salida de Mónica Palencia del Ministerio del Interior.

En su lugar acudió el general Fausto Buenaño, exviceministro de Seguridad Pública.

El Gobierno busca mejorar la percepción de seguridad con operativos focalizados.

Los subsistemas de inteligencia, investigación y prevención trabajarán de forma conjunta.

Los principales delitos a combatir son extorsión, secuestro, homicidios y tráfico de armas.

Las operaciones se ejecutan en Guayas, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas.

Estas son provincias donde los resultados electorales fueron adversos para el Gobierno.

El número de policías y militares desplegados se mantiene en reserva por seguridad.

Hasta el momento, no se prevén cambios en la Cúpula Policial ni en unidades estratégicas.