El cantón Chambo, en la provincia de Chimborazo, se encuentra conmocionado tras el envenenamiento masivo de alrededor de 60 perros. Este acto de crueldad, que ha causado gran indignación en la comunidad, ocurrió en sectores cercanos al parque central de Chambo, donde se encontraron los cuerpos de los animales con indicios claros de haber ingerido veneno mezclado con pan.

La organización de protección animal, Corporación Ladra, fue la primera en denunciar este horrendo crimen a través de sus redes sociales, donde informaron que los perros fueron hallados con sus hocicos teñidos de azul, un claro indicio de que el veneno utilizado era de ese color. La organización sospecha que se trata de una sola persona responsable, dada la similitud en los casos y la forma en que se distribuyó el veneno.

"En Chambo hay un asesino o asesina de animales y nadie se atreve a dar información al respecto. No podemos solos. Necesitamos que el pueblo chambeño reaccione y nos apoye para dar con la persona que está matando a los perros y gatos", expresó Corporación Ladra en su comunicado, destacando que ofrecerán una recompensa a quien proporcione información que conduzca a la captura del responsable.

Este hecho ha reavivado el debate sobre el maltrato animal en Ecuador y las sanciones previstas para quienes cometen estos actos atroces. Desde junio de 2020, con la aprobación de reformas al Código Integral Penal (COIP), se establecieron penas más severas para castigar el maltrato animal. Según el artículo 250.1 del COIP, la persona que provoque la muerte de un animal enfrentará una sanción de seis meses a un año de prisión. Sin embargo, si la muerte se produce por actos de crueldad, como el uso de sustancias tóxicas, la pena se eleva de uno a tres años de cárcel.

El artículo también establece que se aplicará la máxima pena si la muerte del animal ocurre bajo ciertas circunstancias agravantes, como actuar con ensañamiento, suministrar alimentos dañinos o tóxicos, o si la víctima es un cachorro, un animal geronte, o una hembra gestante. En este caso, la crueldad extrema del envenenamiento masivo podría llevar a que el responsable enfrente la pena máxima establecida en la ley.

La comunidad de Chambo y defensores de los derechos animales han exigido justicia para las víctimas de este terrible acto, esperando que las autoridades actúen rápidamente para identificar y castigar al responsable. Además, han hecho un llamado a la ciudadanía para que colabore con cualquier información que pueda ser útil en la investigación.

Este incidente subraya la necesidad de una mayor conciencia y acción contra el maltrato animal en Ecuador, así como de un sistema de justicia que garantice la protección de todos los seres vivos.