El Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó este 21 de agosto a un juez de la Corte Provincial de Justicia de Guayas por beneficiar de manera irregular al exasambleísta Pablo Muentes. El magistrado, identificado como J.D.P.A., emitió un fallo que favorecía al político, sentenciado por delincuencia organizada en el conocido caso Purga. Un peritaje dentro del proceso reveló que antes de dictar la resolución, el juez y Muentes intercambiaron llamadas y mensajes de texto para coordinar la extinción de una obligación financiera. La investigación señaló que el juez incluso recibió acercamientos de personas que le ofrecieron favores o dinero a cambio de resoluciones, algo que nunca reportó a la Judicatura. Con estas evidencias, se formularon cargos en su contra y se dictó auto de llamamiento a juicio, aunque actualmente se encuentra prófugo. El CJ enfatizó que la imparcialidad y la independencia judicial fueron vulneradas por este comportamiento. Pablo Muentes, por su parte, permanece en la cárcel de máxima seguridad La Roca, donde cumple una condena de 13 años y cuatro meses por delincuencia organizada. El exasambleísta ya había intentado obtener beneficios legales sin éxito. Este nuevo episodio golpea una vez más la credibilidad del sistema judicial ecuatoriano. La destitución del magistrado se suma a las medidas adoptadas dentro de las investigaciones del caso Purga. El pronunciamiento oficial del CJ dejó claro que no se tolerarán actos de corrupción en la justicia. La noticia reavivó el debate sobre cómo operan las redes de poder entre políticos y jueces. Muentes ha estado en el centro de varios señalamientos desde que inició el proceso en su contra. Los vínculos revelados ponen en entredicho la transparencia de la justicia en Guayas. Los próximos pasos en el proceso dependerán de la localización del juez fugitivo. Mientras tanto, la ciudadanía observa con atención este nuevo capítulo en la saga del caso Purga.