La política ecuatoriana vivió momentos de alta tensión el pasado sábado 29 de junio de 2024, cuando la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional decidió el destino de varios exmiembros del Consejo de la Judicatura frente a acusaciones de corrupción y mala gestión. En una decisión que ha generado división de opiniones, el grupo parlamentario asociado al correísmo aprobó un informe que descarta el juicio político para Wilman Terán y Maribel Barreno, mientras que para Xavier Muñoz se recomendó iniciar la interpelación.

El informe final argumentó que no se encontraron suficientes elementos fácticos o jurídicos que justifiquen un juicio político contra Terán y Barreno. Sin embargo, en el caso de Muñoz, se identificó un incumplimiento de funciones que sí amerita una mayor investigación. Esta decisión ha provocado críticas de varios sectores que acusan a la comisión de favorecer a ciertas figuras políticas y de no mantener una línea consistente de justicia.

Los detalles proporcionados en la audiencia revelan una compleja red de acusaciones que incluyen desde irregularidades en concursos para la selección de jueces hasta posibles actos de corrupción. Estos eventos se inscriben en un contexto más amplio de lucha contra la corrupción en el país, que ha visto a varios altos funcionarios bajo escrutinio.

Este episodio no solo pone de manifiesto las tensiones dentro de la Asamblea Nacional, sino que también plantea serias preguntas sobre la efectividad de las medidas anticorrupción y la integridad del sistema judicial en Ecuador. La decisión ha sido especialmente controversial dado el historial previo de los implicados y la percepción pública de impunidad en casos de alta corrupción.