El escándalo de corrupción judicial denominado 'caso Plaga' se ha ampliado tras la detención de 17 personas, incluidos jueces de Santo Domingo acusados de recibir sobornos de entre USD 10.000 y USD 70.000 para la liberación de criminales notorios. La Fiscalía General del Estado condujo allanamientos que resultaron en estas aprehensiones como parte de una operativa en curso contra la corrupción y delincuencia organizada que implica a funcionarios judiciales, policiales y abogados.

Entre los detenidos se encuentra Jorge Eduardo A., un juez que supuestamente aceptó USD 70.000 por emitir resoluciones de habeas corpus a favor de miembros de la banda Los Lobos. También fueron detenidos abogados y otros intermediarios que facilitaban el pago de sobornos y gestionaban las resoluciones judiciales corruptas.

La Fiscal Diana Salazar destacó durante la audiencia que la red de corrupción no solo afectaba los niveles más bajos de la justicia, sino que también tenía ramificaciones en el poder político. Este caso ha revelado cómo las resoluciones judiciales se han negociado en beneficio de criminales, comprometiendo gravemente la integridad del sistema judicial ecuatoriano.

Con 14 de los 17 detenidos en prisión preventiva, el caso sigue desarrollándose mientras las autoridades continúan con las investigaciones para desmantelar completamente esta red de corrupción. La implicación de altos funcionarios y la magnitud de los sobornos ha causado alarma y demanda de reformas judiciales profundas para evitar la repetición de tales abusos.