La Corte Constitucional negó la propuesta del presidente Daniel Noboa para aplicar castración química a violadores. El pedido buscaba una reforma parcial de la Constitución. También planteaba crear un registro de sentenciados por delitos sexuales. En su dictamen, los magistrados señalaron que esa vía no protegía de forma efectiva a las víctimas. Indicaron que el registro carecía de precisión sobre alcance y temporalidad. La Corte afirmó que no existía sustento científico de que la castración química redujera la reincidencia. Añadió que los delitos sexuales no dependían únicamente del impulso sexual. El alto tribunal dijo que la propuesta desconocía los fines de la rehabilitación social. Recordó que la Carta Magna fijaba la rehabilitación integral de las personas sentenciadas. Para los jueces, la iniciativa partía de la premisa falsa de que toda violación se cometía por impulso sexual. También partía de que toda persona condenada reincidiría. Señalaron que imponer castración química a todos los sentenciados por violación no prevenía la reincidencia. Tampoco garantizaba el derecho a vivir libres de violencia. El dictamen remarcó que había una restricción al derecho a la integridad física. Dijeron que el proponente no la justificó. Además, aclararon que esa medida no podía tramitarse por reforma parcial. Enfatizaron que, en esos términos, la iniciativa restringía el derecho a la igualdad. También afectaba el principio de no discriminación. Con esos argumentos, la Corte cerró el paso al plan de castración química y al registro propuesto. La decisión dejó el tema fuera de la reforma planteada por el Ejecutivo.