Daniel Noboa plantea una pregunta de consulta popular para frenar el uso de nombre, imagen, voz o apoyo de personas con sentencia ejecutada por delitos contra la administración pública. La propuesta se remite a la Corte Constitucional dentro de un paquete de siete preguntas. Este interrogante aparece como la segunda de la consulta y la sexta del paquete enviado el 9 de septiembre de 2025. El Gobierno sustenta que el Código de la Democracia ya impide ser candidato a quien tenga sentencia firme por peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionadas con actos de corrupción. El planteamiento busca extender esa restricción a la propaganda y al respaldo público en cualquier medio. La pregunta pide reformar la ley para impedir esas apariciones. El anexo fijo que, si gana el Sí, el presidente tendrá 30 días desde la publicación de resultados en el Registro Oficial para enviar un proyecto de ley a la Asamblea. La Asamblea contará con 90 días para debatir y aprobar la reforma. La intención es impedir que personas con condenas firmes respalden candidaturas. Hoy la ley electoral no incluye una prohibición sobre el uso de su imagen en campañas. Un ejemplo mencionado es el del expresidente Rafael Correa. Correa fue sentenciado a ocho años de prisión y suspensión de derechos políticos por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016. Esa pena no se ha cumplido porque permanece fuera del país. Con la reforma, figuras en esa situación no podrían aparecer en spots, afiches o fotos de campaña junto a candidatos. Correa reaccionó con un mensaje directo a Noboa. Dijo: “Recuerden cómo también eliminó a Jan Topic. Con Topic en la papeleta, Noboa no llegaba ni a segunda vuelta”. La Corte Constitucional debe realizar el control de constitucionalidad de esta y del resto de preguntas. El Gobierno prevé realizar la consulta popular y el referéndum el 30 de noviembre. De aprobarse la pregunta, se activarían los plazos para ajustar el Código de la Democracia. El proceso busca cerrar vacíos que permitan influencia de sentenciados en campañas. Así avanza una de las apuestas del Ejecutivo en su nueva ronda de consultas.