Suecia, conocida durante años como un refugio para migrantes, ha decidido cambiar su enfoque y ahora busca incentivar la salida de quienes no logran adaptarse. El gobierno conservador ha implementado medidas para reducir la inmigración y fomentar el regreso de los migrantes a sus países de origen, ofreciendo hasta 34,000 dólares como incentivo económico.

Esta propuesta, que aumentará su monto gradualmente hasta 2026, marca un giro importante en la política migratoria sueca, que siempre ha sido un ejemplo de inclusión y diversidad cultural. El país, que ha recibido inmigrantes de zonas en conflicto como Yugoslavia, Siria, Afganistán, Somalia, Irán e Irak desde los años 90, ahora enfrenta desafíos para integrarlos adecuadamente.

En 2023, solo una persona aceptó la oferta de regresar, lo que llevó al gobierno a plantear un incremento significativo en el apoyo financiero, esperando motivar a más migrantes a dejar el país. Este cambio drástico en la estrategia migratoria refleja la intención de reducir la presión que la inmigración ha ejercido sobre el sistema social y económico de Suecia.

Otros países europeos como Dinamarca, Francia y Alemania también han adoptado medidas similares, pero la pregunta sigue en el aire: ¿es este realmente el camino para solucionar el problema de la inclusión social? Mientras Suecia enfrenta un futuro donde, por primera vez en más de 50 años, más personas podrían abandonar el país de las que llegan, la opinión pública se encuentra dividida sobre si esta estrategia representa una solución a largo plazo o si simplemente es una forma de eludir un problema más profundo.