Donald Trump ordenó poner bajo control federal a la Policía Metropolitana de Washington D.C., junto con el despliegue de 800 miembros de la Guardia Nacional, asegurando que busca “limpiar” la ciudad. La Casa Blanca indicó que esta intervención durará 30 días, aunque podría extenderse. La alcaldesa Muriel Bowser dijo que cumplirá la ley, pero cuestionó la justificación, recordando que la criminalidad está en su punto más bajo en 30 años. Bowser solicitó una reunión urgente con la fiscal general Pam Bondi, quien supervisará temporalmente la policía. La mandataria pidió que todos los oficiales porten uniforme, placa y chaqueta para ser identificados. Trump declaró una “emergencia de seguridad pública” pese a la baja delincuencia. El congresista Hakeem Jeffries acusó que la medida “carece de base legal” y pone en riesgo a la población. El fiscal general de D.C., Brian Schwalb, también la calificó de ilegal e innecesaria. La delegada Eleanor Holmes Norton dijo que Trump usa recursos de la ciudad para intereses propios. Sin embargo, el sindicato policial respaldó la intervención, alegando que la delincuencia está fuera de control. La Conferencia de Alcaldes de EE. UU. rechazó la presencia de la Guardia Nacional en D.C., aunque su presidente, el republicano David Holt, vio valor en la cooperación. Trump prometió erradicar campamentos de personas sin hogar. En paralelo, anunció otra pausa de 90 días en aranceles a China. Durante las protestas de 2020, ya había traído tropas estatales a la capital. Bowser dijo que sospechaba del despliegue militar, pero no del control federal de la policía. Jeffries recordó que Trump indultó a criminales violentos en su primer día. La ley de autonomía de D.C. permite estas acciones ante emergencias declaradas, pero su interpretación sigue en disputa.