El juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se retomará en la Asamblea Nacional tras el receso legislativo que finaliza en septiembre. Así lo confirmó Alejandro Muñoz, secretario de la Asamblea, quien indicó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) se reunirá una vez concluido el receso para conocer y tramitar el pedido del correísmo, que impulsa el proceso en contra de Salazar.

Según explicó Muñoz, la normativa de la Asamblea establece que solo se puede tramitar un juicio político a la vez. Por ello, el juicio contra Salazar se retomará una vez que concluya el proceso en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, que actualmente se encuentra en curso. Esta disposición ha generado expectativas en torno a cómo se desarrollará el proceso, especialmente tras las declaraciones recientes de la fiscal.

La noche del 19 de agosto, Diana Salazar reapareció públicamente para expresar su disposición de enfrentar el juicio político, calificando el proceso como un “narco juicio”. En un video publicado en redes sociales, la fiscal aseguró que su embarazo ya no es de alto riesgo, y envió su expediente médico a la Asamblea con información de carácter reservado. Salazar aprovechó la oportunidad para criticar el proceso, señalando que es un intento de revancha por parte de grupos delictivos afectados por su trabajo en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada.

“A las cosas hay que llamarlas por su nombre, esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos, a los que siempre les he resultado incómoda por el trabajo que, con mi equipo, hemos realizado contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada”, declaró Salazar en su mensaje.

La reacción de la Comisión de Fiscalización no se hizo esperar. En un comunicado, la comisión rechazó las afirmaciones de la fiscal, indicando que el juicio político es un proceso legítimo de control que la Asamblea Nacional tiene el derecho y la obligación de llevar a cabo. “Basta de desprestigiar a un proceso de control histórico que tiene la Asamblea Nacional del Ecuador y los parlamentos del mundo para fiscalizar a quienes ostentan la máxima autoridad en distintos poderes del Estado”, señaló la Comisión en su respuesta.

El juicio político contra Diana Salazar ha generado un amplio debate en el país, con opiniones divididas sobre las motivaciones detrás del proceso. Mientras tanto, la atención está puesta en septiembre, cuando el receso legislativo termine y el CAL defina los pasos a seguir en este proceso que podría tener implicaciones significativas para el panorama político y judicial de Ecuador.