Wilman Terán Carrillo, expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), ha presentado un nuevo habeas corpus este martes, 20 de agosto de 2024, en un esfuerzo por obtener su libertad. El documento, parte del amicus curiae entregado en la audiencia de la jueza Enma Tapia, busca no solo la liberación de Terán, sino también la suspensión de la fiscal general, Diana Salazar Méndez, y la eliminación de todas las causas legales en su contra.

Este movimiento legal se produce en medio de una creciente controversia que ha sacudido a la justicia ecuatoriana. La situación se intensificó la semana pasada, cuando las juezas de la Corte Nacional, Enma Tapia y Katherine Muñoz, aceptaron la apelación de un habeas corpus que permitió a Terán ser trasladado desde la prisión La Roca, en Guayaquil, a la Cárcel 4 en Quito.

La reacción de la Fiscalía fue inmediata. En respuesta, realizó allanamientos en las oficinas de las juezas Tapia y Muñoz, como parte de su investigación en el caso denominado "Confourtable". Este caso implica presuntos actos de cohecho, y los allanamientos incluyeron no solo las oficinas, sino también un domicilio particular.

En medio de este escenario tenso, la jueza Enma Tapia optó por desistir de su propio habeas corpus contra el fiscal Wilson Toainga, dejando claro que la situación dentro del sistema judicial es compleja y está llena de incertidumbres. A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), Tapia defendió su actuación, argumentando que actuó conforme a la ley, mientras que la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) se sumó al rechazo de los allanamientos realizados por la Fiscalía.