En la madrugada del 20 de agosto, mientras la jungla del Darién apenas comenzaba a despertar bajo el calor sofocante de Panamá, un grupo de casi 30 migrantes colombianos con antecedentes penales fue deportado en un vuelo financiado por Estados Unidos. Este vuelo marcó el inicio de un acuerdo diplomático entre Panamá, Estados Unidos y varios países latinoamericanos, destinado a reducir el flujo de personas que atraviesan esta peligrosa selva fronteriza con Colombia.

El vuelo, que despegó desde el Aeropuerto Marcos A. Gelaber, trasladó a estos individuos, considerados un peligro para la seguridad nacional, hacia Medellín, Colombia. Según las autoridades panameñas, entre los deportados se encontraba un presunto sicario del Clan del Golfo, conocido por su extensa actividad criminal en la región. Este operativo de repatriación busca frenar la "crisis humanitaria" en el Darién, que se ha convertido en una ruta utilizada no solo por migrantes que huyen de la pobreza y la violencia, sino también por elementos del crimen organizado.

Las autoridades panameñas han resaltado que el cruce del Darién es cada vez más peligroso. En 2024, más de 230 000 personas han arriesgado su vida al atravesar esta selva, enfrentándose a todo tipo de amenazas, desde peligros naturales hasta la violencia de grupos armados.

El vuelo se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, con los deportados esposados de pies y manos, lo que refleja la tensión y el temor que rodea a estos operativos. Algunos de los migrantes, debilitados por las condiciones extremas que enfrentaron en la selva, apenas podían caminar.