Inés Alarcón aseguró que su Comisión de Seguridad fue la única habilitada para fiscalizar el paro nacional. La mesa se reunió el 29 de septiembre y arrancó el proceso por los hechos violentos en el norte del país. En un comunicado advirtieron que cualquier otro intento de tratar el tema quedaba fuera de regla. Apuntaron de forma directa a la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos. Dijeron que la convocatoria anunciada para el martes 30 de septiembre de 2025 era “nula e ilegítima”. Recordaron el artículo 26, numeral 3, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ese artículo estableció que solo una comisión podía encargarse de un mismo asunto de control político. La normativa indicó que ninguna otra mesa podía llamar a autoridades sobre la misma materia. Alarcón explicó que notificaron el inicio de la fiscalización a la Presidencia de la Asamblea.

También comunicaron a la Secretaría General y a todas las Comisiones Permanentes el 29 de septiembre de 2025. Con ese paso, advirtieron que Garantías Constitucionales quedó inhabilitada para seguir con su agenda. Pese a ello, esa comisión convocó una sesión sobre “presuntos abusos y vulneraciones a los derechos humanos”. Incluso incluyeron un manifiesto de respaldo a 12 detenidos procesados por presunto terrorismo. El caso estuvo ligado a la destrucción de un cuartel policial en Otavalo el lunes 22 de septiembre. A la cita asistieron Marlon Vargas de la CONAIE, líderes sociales y familiares de los detenidos.

Los integrantes de esa mesa aprobaron por unanimidad una moción para fiscalizar a militares y policías. La Comisión de Seguridad cuestionó ese paso por carecer de atribución legal. Anunciaron que se reservaron recursos para exigir acciones frente al incumplimiento. Ratificaron que la fiscalización continuaría en su comisión con enfoque técnico y apegado a la ley. Cerraron el mensaje pidiendo evitar juegos políticos con un tema sensible para el país.