Condenado a prisión por intimidar a Diana Salazar en Quito


El tribunal sentenció a Fabricio Colón Pico a 5 años de prisión por intimidar a la Fiscal General Diana Salazar
La tarde de este martes 8 de octubre de 2024, en el Complejo Judicial Norte de Quito, se realizó la segunda jornada de juicio en contra de Fabricio Colón Pico S., acusado de intimidar a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez. Tras la presentación de pruebas y testimonios, el tribunal lo declaró culpable y lo condenó a cinco años de prisión. Además, se le ordenó el pago de una reparación integral de seis salarios básicos unificados a favor de la víctima.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas fueron concluyentes. El agente investigador de la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión de la Policía Nacional, quien estuvo a cargo del caso, testificó sobre la revisión del celular de la fiscal, donde se encontraron mensajes intimidantes dirigidos tanto a ella como a su hija. Además, se presentó un video, recibido el 1 de junio de 2023, en el que se observaban armas y explosivos, como parte de las amenazas contra la Fiscal General.
El testigo policial confirmó que las investigaciones determinaron que Fabricio Colón Pico era el autor de estos mensajes intimidatorios. Las técnicas de análisis aplicadas permitieron verificar que la voz en el video correspondía a la del procesado. También se reveló que el acusado tiene un historial delictivo que incluye varios crímenes cometidos entre 2018 y 2019, cuando ya se lo identificaba como el líder del grupo delictivo organizado (GDO) “Los Lobos”.
Durante el juicio, se leyó el testimonio anticipado de Diana Salazar, quien explicó que tras recibir las amenazas, se vio obligada a aumentar sus medidas de seguridad y recibir apoyo psicológico junto a su hija. Salazar enfatizó que estas intimidaciones buscaban frenar las investigaciones que lleva en su despacho, muchas de las cuales están relacionadas con casos de alto impacto a nivel nacional. La Fiscalía subrayó la importancia de esta condena para garantizar la seguridad y el ejercicio de sus funciones por parte de las autoridades judiciales.
Con esta sentencia, se reafirma el compromiso de las instituciones judiciales de proteger a sus funcionarios y se envía un mensaje claro contra quienes intenten intimidar a las autoridades del Estado.
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