En medio de una crisis de violencia de género que afecta gravemente al país, la asambleísta por Tungurahua, Rosa Belén Mayorga, ha presentado un proyecto de ley que busca una reforma crucial a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La iniciativa propone la creación de la Comisión Permanente de Derechos de las Mujeres y Género, un organismo que legislaría y fiscalizaría temas relacionados con la igualdad de género y la defensa de los derechos de las comunidades LGBTIQ+.

El objetivo de esta comisión es hacer frente a las alarmantes cifras de violencia de género, un problema que ha cobrado la vida de 110 mujeres en Ecuador solo entre enero y mayo de 2024, según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo. Esto representa un femicidio cada 34 horas, la mayoría cometidos por parejas o exparejas con armas de fuego. Las estadísticas subrayan la urgencia de tomar medidas concretas y efectivas.

La propuesta de Mayorga no solo busca legislar a favor de la igualdad de género, sino también garantizar que las leyes actuales se cumplan. Para ello, la nueva comisión trabajaría en coordinación con otras instituciones públicas, desarrollando políticas que aborden de manera integral la violencia de género y las necesidades de las comunidades sexogenéricas diversas. En otros países de la región, como Colombia, México y Argentina, comisiones similares han tenido un impacto significativo, impulsando leyes que protegen a las mujeres y promueven la igualdad.

En declaraciones recientes, Mayorga destacó la importancia de este proyecto. “La creación de la Comisión Permanente de Derechos de las Mujeres y Género es un precedente fundamental para enfrentar la violencia hacia las mujeres y garantizar sus derechos. Es un paso más hacia un país más justo e igualitario”, expresó la asambleísta.

Este proyecto busca no solo legislar, sino también generar un cambio cultural en la manera en que se percibe y trata la violencia de género en el país. La creación de esta comisión representaría un avance significativo en la lucha por los derechos humanos en Ecuador, especialmente en un contexto donde los crímenes de odio y la discriminación siguen siendo una amenaza constante para las mujeres y las personas LGBTIQ+.