La Corte Constitucional de Ecuador resolvió que las haciendas de Furukawa, hasta el año 2019, mantuvieron prácticas análogas a la esclavitud, específicamente a través de un sistema conocido como "servidumbre de la gleba". Esta práctica obligaba a personas en extrema vulnerabilidad a trabajar en condiciones inhumanas en las plantaciones de abacá, sin derechos fundamentales como acceso a servicios básicos de salud, educación y condiciones mínimas de higiene.

La sentencia, correspondiente al caso 1072-21-JP/24, fue aprobada por mayoría. Los jueces constitucionales Enrique Herrería Bonnet y Teresa Nuques Martínez votaron en contra, mientras que Carmen Corral Ponce y Alejandra Cárdenas Reyes se excusaron. La Corte verificó que esta servidumbre de la gleba afectó gravemente la dignidad humana de las y los trabajadores, los abacaleros, y su comunidad, especialmente a mujeres, niños y adultos mayores.

La sentencia también identificó la responsabilidad del Estado, argumentando que los ministerios de Trabajo, Salud, Inclusión Económica y Social, Educación y Gobierno no tomaron medidas adecuadas para prevenir ni proteger a las víctimas de la explotación laboral en las haciendas. Las entidades públicas no actuaron a tiempo, pese a que la situación de vulnerabilidad de los trabajadores era evidente desde antes de 2018.

Como parte de la reparación, la Corte ordenó que Furukawa debe pagar una compensación económica por el daño material e inmaterial causado a las 342 víctimas de la servidumbre. Además, se estableció la obligación de la empresa de realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y pedir disculpas a las víctimas.

Este fallo representa un hito en la lucha contra la esclavitud moderna en Ecuador, y pone en evidencia la grave situación de explotación laboral que persistió en las haciendas de la empresa Furukawa, a pesar de las múltiples denuncias y la evidente desprotección estatal.