El Gobierno de Daniel Noboa marcó distancia de 2019 y 2022 desde el arranque del paro de 2025. El Mandatario dejó claro que no iba a negociar la eliminación del subsidio al diésel. Dijo la frase: “Antes de que a mí me quieran hacer retroceder, yo prefiero morir”. La medida se mantuvo firme desde el 22 de septiembre, cuando empezaron las protestas. El Ejecutivo movió su despacho a la Gobernación de Latacunga el 13 de septiembre. Con eso evitó que las marchas apuntaran a Carondelet en el centro de Quito. El 22 de septiembre hubo contramarchas oficialistas convocadas para Latacunga. En redes se denunció la presencia de funcionarios y docentes en esas concentraciones. El Gobierno alegó infiltración del crimen organizado y militarizó ciudades clave. El 16 de septiembre se declaró un estado de excepción en varias provincias. La Corte Constitucional lo redujo a Carchi e Imbabura por la baja intensidad en otras zonas. Al día siguiente, el Gobierno emitió otro estado de excepción en 12 provincias y quedó a la espera del dictamen. Quito recibió 7.000 militares y 1.000 policías para custodiar sectores estratégicos. Se suspendió el transporte público hacia el sur de la ciudad ante una posible llegada de manifestantes. El 12 de octubre se bloquearon accesos a la capital y se levantaron montículos de tierra en las vías. La meta fue impedir la marcha indígena planificada desde Cayambe hacia Quito. El 13 de octubre un convoy de militares y policías salió a Imbabura para enviar insumos y despejar vías. El ministro del Interior, John Reimberg, informó del congelamiento de cuentas de organizaciones investigadas. Conaie y otras agrupaciones denunciaron bloqueos a cuentas de dirigentes y colectivos. En Quito, las fuerzas del orden dispersaron intentos de llegar a El Arbolito con gases y cercos, se reportaron periodistas agredidos, y el paro se mantuvo focalizado en Imbabura con focos en Pichincha, Cañar, Bolívar y Chimborazo.