El oficialismo pasa de las promesas sobre rehabilitación a una ofensiva para cambiar el trato legal a los presos. Pese a que las cárceles siguen fuera de control y las masacres no paran, la bancada de ADN empuja una enmienda constitucional. El plan busca mover a las personas privadas de libertad del listado de “atención prioritaria” a otro capítulo de derechos de protección. ADN afirma que los siete derechos actuales se mantendrían tal cual. Además, anuncian un octavo numeral que consagra la dignidad humana de los reclusos. También quieren dejar claro que solo ingresarán los abogados que lleven su defensa técnica. La Corte Constitucional ya había rechazado retirar a los presos de los grupos de atención prioritaria. Ahora el oficialismo habla de “ajustes” y de reorganizar la redacción en la Carta Magna. En campaña y en 2023, Daniel Noboa prometió inversión en infraestructura, higiene y respeto a derechos en los penales. Esas ofertas no se concretan mientras la violencia carcelaria crece. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se contaron 213 muertes violentas intramuros, con más de 40 adicionales en noviembre. La Penitenciaría del Litoral acumula 592 muertes en 2025, con hacinamiento y tuberculosis como telón de fondo. A esto se suman fallecimientos por desnutrición crónica que golpean al sistema. El Gobierno ha recurrido a Fuerzas Armadas y a estados de excepción de manera reiterada. También impulsó consultas y reformas que no han cambiado el cuadro. En Santa Elena se mostró una “megacárcel” inaugurada antes de terminarla y con acceso restringido a la información. El ministro del Interior, Jonh Reimberg, dijo que nadie podrá visitar ese complejo, ni abogados, ni familiares, ni el Defensor del Pueblo. Tal veda choca con la Constitución y con el discurso de rehabilitación. Tras la derrota del 16 de noviembre, ADN regresa con la idea de mover a los presos del listado de prioridad y sumar un derecho más. El contraste entre promesas de rehabilitación y la realidad penitenciaria vuelve al centro del debate nacional.