El correísmo apretó a la CNT por el acuerdo con HealthBird y pidió poner todo a la luz. La asambleísta de RC y presidenta de la Comisión de la Niñez, Viviana Veloz, envió un oficio formal el 9 de diciembre. En ese documento exigió seis informes para aclarar costos, anexos y obligaciones del vínculo comercial. Veloz aseguró que las propias declaraciones del director del Sercop despertaron alertas por inconsistencias. La legisladora dijo que este Gobierno actuaba entre sombras y comparó el caso con contratos como PROGEN. El oficio fue dirigido al gerente subrogante de CNT, Ronald Spina. La solicitud incluyó la copia certificada del acuerdo, todos sus anexos y cualquier instrumento complementario. La asambleísta invocó el artículo 120 numeral 9 de la Constitución y el 75 de la LOFL para sustentar la fiscalización. También pidió el detalle de gastos, inversiones, desembolsos y compromisos asumidos desde el inicio de la alianza. Preguntó si intervinieron otras instituciones públicas en la negociación y qué responsabilidades asumió cada una. Otro pedido apuntó a los costos de instalación, implementación y operación de la tecnología ligada a HealthBird. Veloz reclamó copias de contratos adicionales asociados a la empresa estadounidense, sean públicos o privados. Además, solicitó un reporte sobre los gastos para desarrollar la app CNT Salud y su relación con la plataforma cuestionada. La CNT se pronunció el 8 de diciembre y dijo que HealthBird decidió de forma unilateral dejar el país. En ese comunicado la empresa estatal aseguró que la alianza no tuvo impacto presupuestario. Pese a ello, la CNT no precisó qué trabajo realizó junto a HealthBird, aunque el presidente Daniel Noboa mencionó a la firma en varios espacios. Veloz recordó que el entonces titular del IESS, Edgar Lama, habló públicamente de esta relación en noviembre. La Contraloría respondió a su pedido de examen y abrió una verificación previa sobre el convenio. Para la legisladora, un contrato millonario bajo opacidad ameritaba control inmediato y protección de los recursos del IESS. Ella advirtió que seguirá fiscalizando y rechazó intentos de intimidación.