En Estados Unidos una nueva ley impulsada por el expresidente Donald Trump que plantea imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por migrantes, en particular aquellos sin estatus migratorio regular. Esta propuesta se enmarca en una estrategia más amplia de endurecimiento de políticas migratorias. La iniciativa podría entrar en vigencia en 2026 y afectaría directamente a millones de migrantes latinoamericanos y sus familias, generando consecuencias económicas relevantes en sus países de origen.

El impacto potencial de esta medida sería especialmente grave para América Latina, región que en 2024 recibió más de USD 160.900 millones en remesas. Países como México, Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana dependen significativamente de estos flujos. Las remesas, que ya enfrentan costos por comisiones de entre 5% y 10%, podrían reducirse si se suma un nuevo gravamen, afectando directamente el consumo básico de millones de hogares. Esto podría traducirse en menores niveles de inversión en salud, educación y vivienda, profundizando la vulnerabilidad de muchas familias y reduciendo la capacidad de los países receptores para sostener sus economías locales.

En el caso de Ecuador, el riesgo es elevado. En 2024, el país recibió USD 6.539,8 millones en remesas, un récord histórico que representa el 5,3% del PIB nacional y un crecimiento del 20,1% respecto a 2023. La mayor parte de estos envíos provino de Estados Unidos (73,5%) y España, en un contexto de creciente migración impulsada por la recesión económica local. Se realizaron 20,7 millones de operaciones, con un valor promedio por giro de USD 315,6. Estos flujos no solo alivian la situación económica de miles de hogares, sino que también dinamizan las economías regionales más pobres, particularmente en provincias como Azuay, Cañar y Loja. Sin embargo, este fenómeno también refleja una fuga de talento y capital humano que debilita la base productiva nacional, a pesar del potencial emprendedor que muchos ecuatorianos demuestran en el exterior.

De aprobarse la propuesta de impuesto, Ecuador podría perder al menos el 10% del ingreso por remesas, lo que equivaldría a una reducción de USD 650 millones anuales. Esto de 2026 a 2030 podría dignificarle al país USD 3.200 millones. Esta caída afectaría directamente el consumo interno, con efectos negativos en sectores como la alimentación, vivienda y comercio minorista, y podría restarle al menos 0,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en 2026, acumulándose el efecto negativo en la economía con el paso de los años. Además, podría incentivarse el uso de canales informales o criptomonedas para evitar el impuesto, generando riesgos adicionales para la estabilidad financiera. Esta situación subraya la urgencia de implementar políticas públicas que fortalezcan el empleo, el acceso al crédito y las oportunidades de emprendimiento dentro del país, con el objetivo de reducir la migración forzada y aprovechar el potencial del capital humano ecuatoriano en su propio territorio.