El presidente Daniel Noboa enfrentó este lunes 13 de enero el plazo límite para justificar ante la Corte Constitucional los argumentos que sustentaron el Decreto Ejecutivo 500, que permitió encargar la Presidencia de la República a Cynthia Gellibert.

La Corte, mediante su Tribunal de Admisión, aceleró el análisis del caso y remitió la causa al pleno para decidir si se otorga un tratamiento prioritario. Según el organismo, el decreto cumplía con condiciones de trascendencia nacional, urgencia, impacto en derechos y posibles cambios estructurales.

Noboa y la Procuraduría General del Estado fueron notificados el viernes pasado, pero la Corte redujo el plazo habitual de 15 días a tres. Esto obligó al Primer Mandatario a presentar su respuesta y documentación hoy.

Aunque el Decreto 500 fue derogado este domingo 12 de enero, cuando Noboa decidió suspender su campaña electoral y retomar sus funciones presidenciales, la Corte puede seguir con el trámite. La ley permite evaluar normas derogadas si existe riesgo de que sean aplicadas nuevamente.

La decisión del presidente de delegar el poder generó controversias, ya que alegó fuerza mayor como justificativo. Ahora, la Corte Constitucional deberá determinar la legalidad del acto y su posible impacto en el futuro político y jurídico del país.

Además, se debate si esta medida puede establecer precedentes que afecten la estabilidad institucional, por lo que el caso reviste alta relevancia nacional.

Noboa retomó el liderazgo tras eventos como el asesinato del alcalde de Arenillas, Eber Ponce, que sacudieron al país. Sin embargo, la controversia por el Decreto 500 sigue siendo tema de interés público.

Se espera que el pronunciamiento de la Corte aclare las dudas sobre el alcance y las implicaciones del acto presidencial.