La polémica por la prohibición del uso de celulares en los recintos electorales llegó a la Corte Constitucional. El juez Guillermo Ortega, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), admitió a trámite el recurso presentado por la abogada Mónica Jaramillo, quien cuestiona la medida del CNE. La disposición fue impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa, actual presidente y candidato a la reelección. Ortega considera que la prohibición podría ser inconstitucional porque restringe derechos fundamentales, como el derecho a informar o denunciar irregularidades durante la votación. Aunque la intención sería proteger el voto secreto y evitar presiones o amenazas de bandas criminales, la medida es general y sin un proceso claro para aplicarla, lo que podría traer más problemas que soluciones. Según el juez, esta restricción podría limitar la transparencia del proceso electoral y generar dudas sobre su validez legal. La Corte Constitucional ya tiene otro caso similar en análisis y deberá pronunciarse en los próximos días. Mientras tanto, la norma sigue en pie: ningún votante ni miembro de mesa puede usar su celular durante la votación o el escrutinio, salvo el presidente de mesa, que debe digitalizar el acta. Esta medida fue tomada tras denuncias de Noboa sobre supuestas amenazas a votantes, aunque no presentó pruebas públicas.