Unos 50 trabajadores de salud se reunieron este miércoles 16 de julio de 2025 en el Parque El Arbolito y marcharon hacia la Corte Constitucional para entregar una demanda que considera a la recién aprobada Ley de Integridad Pública, dictada en apenas tres o cuatro días sin consulta social, como inconstitucional. A pesar de no ser una movilización masiva, la Policía Nacional estuvo presente en gran número por si se sumaban más grupos. Esta acción se suma a otras similares: ya son 18 demandas de inconstitucionalidad presentadas en las últimas semanas contra leyes como la de Inteligencia, Solidaridad Nacional e Integridad Pública. El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco, dijo que la ley fue elaborada sin diálogo y sin consenso, por lo que piden su anulación. Agregó que varios artículos ponen en riesgo derechos como los relacionados con las compras públicas, las evaluaciones de desempeño y la jubilación. Señaló que “quieren evaluarnos con parámetros de excelencia cuando no hay insumos, medicamentos ni condiciones para trabajar”. Marianita de Jesús Narváez, de Faperpisec, advirtió que el personal podría ser despedido injustamente por evaluaciones sin sustento técnico. Denunció que con tres evaluaciones insuficientes se procede a la desvinculación, y preguntó con qué herramientas trabajan si no hay insumos. Criticó también la propuesta de llevar la jubilación hasta los 70 años de edad de carrera, y calificó de “absurdo” mezclar compras públicas, sanciones a menores y servidores públicos en una misma norma. Los manifestantes aclararon que no rechazan las evaluaciones, sino los métodos que consideran arbitrarios y desconectados de la realidad del sistema de salud, que arrastra carencias estructurales. Además, recordaron que su protesta está vinculada a la declaratoria de emergencia del sistema nacional de salud, debido a la falta de especialistas, insumos, infraestructura y seguridad para los profesionales. Con esta nueva acción, el sector salud se suma a otros gremios que solicitan a la Corte Constitucional que revise las leyes aprobadas por la Asamblea, en medio de crecientes tensiones entre organizaciones sociales, sindicatos y el Gobierno.