Un trágico incidente en una clínica de Cuenca ha vuelto a poner en el foco las prácticas de algunas instituciones de salud privadas en Ecuador. Un bebé, que nació con insuficiencia respiratoria, falleció después de que sus padres solicitaran su traslado a un hospital público y la clínica lo retuviera por una deuda impaga. El bebé estaba siendo atendido en una unidad de cuidados intensivos, pero los esfuerzos fueron insuficientes ante la falta de traslado oportuno.

Lorena Chávez, directora del Mecanismo de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo, ha destacado este caso como un claro ejemplo de cómo las políticas de cobro pueden interferir con la atención médica esencial. Según informes, la familia del bebé enfrenta ahora una deuda de 8,300 dólares, reducida a 3,300 gracias a la afiliación al seguro social del padre, quien es guardia de seguridad con un sueldo mensual de 550 dólares.

La clínica, inspeccionada recientemente por la Agencia de Aseguramiento de Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), fue evaluada solo en términos de infraestructura y personal, sin abordar las políticas de retención de pacientes. Chávez urge al Ministerio de Salud a revisar estas prácticas y establecer regulaciones claras para el traslado de pacientes entre instituciones de salud, privadas y públicas.

Este no es un caso aislado. Desde 2023, la Defensoría del Pueblo ha registrado cinco casos similares en provincias como Azuay, Guayas e Imbabura, y sugiere que puede haber más no reportados. La práctica de retener pacientes o incluso cuerpos por deudas, descrita por Chávez como tratar el cuerpo humano “como una prenda”, ha llevado a un llamado a una reforma integral que garantice el derecho a la salud y la dignidad humana por encima de las políticas comerciales.

Este incidente subraya la necesidad urgente de una revisión y regulación más estrictas de las clínicas privadas en Ecuador, especialmente en lo que respecta a la ética en la cobranza y el manejo de pacientes críticos.