La reducción de los niveles de agua en los embalses debido al estiaje tiene impactos económicos significativos que afectan directamente la sostenibilidad de las ciudades y comunidades. A esta crisis hídrica se le suma los incendios provocados, los cuales destruyen ecosistemas y generan pérdidas económicas que aumentan las desigualdades sociales en un país donde muchas comunidades ya enfrentan vulnerabilidades estructurales como acceso al agua potable y territorios áridos.

La escasez del agua tiene consecuencias directas en sectores críticos. En nuestro país los bajos niveles de agua en embalses afectan la provisión de agua potable para las ciudades, disminuyen la capacidad de riego en áreas agrícolas y limitan la generación de energía hidroeléctrica. Estos efectos son severos para las comunidades rurales, donde el acceso al agua ya es limitado. Además los costos asociados con el transporte de agua en cisternas o la perforación de pozos profundos aumentan la carga económica sobre las familias y los gobiernos locales, aumentando la brecha de desigualdad ya existente entre regiones urbanas y rurales.

En las ciudades la falta de agua impacta negativamente la productividad económica. Sectores como la industria, la construcción y el turismo dependen de un suministro constante de agua para operar con normalidad. Las interrupciones aumentan los costos de producción, y también reducen la competitividad y pueden llevar al cierre de negocios, afectando los ingresos de miles de familias como ya lo venimos palpando con la reducción energética. Por otro lado los incendios provocados durante épocas de sequía extrema son un acto condenable que empeora la situación ambiental y económica. La destrucción de la capa vegetal reduce la capacidad de los suelos para retener agua, dificultando la recarga de los acuíferos y agravando la desertificación en áreas vulnerables. Los ecosistemas afectados pueden tardar décadas en recuperarse, lo que implica un costo incalculable para el país en términos de pérdida de capital natural.

El costo económico de los incendios es significativo, según estimaciones internacionales cada hectárea de bosque destruida representa una pérdida de recursos naturales y una disminución en los servicios ecosistémicos como la captura de carbono y la regulación del clima. Los gobiernos provinciales, dentro de sus competencias, deben deben invertir grandes sumas en combatir la recuperación forestal, reparar la infraestructura afectada y restaurar las áreas dañadas. Estas inversiones podrían haberse destinado a proyectos de desarrollo sostenible si no fuera por las acciones irresponsables de aquellos que provocan estos desastres. Es imperativo que las autoridades implementen sanciones más severas contra quienes causan incendios, reforzando la vigilancia y educando a la población sobre las consecuencias de sus acciones.

Otros países han enfrentado desafíos similares y han adoptado medidas para mitigar sus impactos como Sudáfrica,la Ciudad del Cabo sufrió una severa crisis hídrica en 2018 conocida como el “Día Cero”, cuando los embalses alcanzaron niveles altamente bajos. Para enfrentar esta situación el gobierno implementó estrictas restricciones de agua, promovió campañas de concienciación pública y fomentó la reutilización de aguas grises. De igual manera se realizaron inversiones significativas en infraestructura para desalinizar agua y diversificar las fuentes de abastecimiento.

En Australia las sequías e incendios forestales han llevado a la adopción de estrategias integrales que combinan la gestión de riesgos con la planificación a largo plazo. Entre estas medidas se incluyen la creación de reservas estratégicas de agua, el desarrollo de tecnologías de riego eficiente y la restauración de ecosistemas degradados para mejorar la transición al cambio climático, han fortalecido el marco legal para sancionar los incendios junto con campañas para involucrar a las comunidades en la prevención y el manejo de incendios.

Chile también ha enfrentado crisis hídricas prolongadas debido a sequías severas y para ello el gobierno chileno ha invertido en infraestructura hídrica, como embalses y sistemas de distribución más eficientes con alianzas público privadas en la gestión del agua, y han desarrollado políticas de transición climática, incluyendo la restauración de cuencas hidrográficas y el monitoreo continuo de los recursos hídricos.

Ecuador puede aprender de estas experiencias para enfrentar los desafíos actuales, para ello es importante adoptar un enfoque integral que combine la gestión sostenible de los recursos hídricos con medidas estrictas para prevenir y sancionar los incendios forestales. Las políticas públicas deben priorizar la protección de las cuencas hidrográficas, la reforestación de áreas degradadas y la promoción de prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles, ya que de nada sirve tener leyes de protección si no hay sanciones comprobadas y estrategias que en verdad busquen prevenir problemas antes que esperar para actuar.La crisis hídrica causada por el estiaje y los incendios representan un desafío urgente para la sostenibilidad de las ciudades y comunidades en nuestro país. Los impactos económicos son profundos, afectando sectores productivos, hogares y comunidades vulnerables.