El Ministerio de Defensa informó que el robo y el contrabando de combustibles es la tercera mayor amenaza a la seguridad nacional. Grupos criminales usan el carburante para financiar el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando en la frontera. El combustible que debía llegar a la ciudadanía termina engordando las arcas de las mafias. En lo que va de 2025 se robaron y desviaron más de 1.000.000 de galones hacia economías criminales, según las Fuerzas Armadas. Este tráfico ilícito opera como un negocio paralelo que mueve millones de dólares. Un oficial del Comando Conjunto, bajo reserva, explicó que el robo de combustible deja alta rentabilidad porque se comercializa al precio del mercado. El carburante sustraído alimenta el contrabando hacia países vecinos y las operaciones del narcotráfico en altamar.

También llega a comercializadoras legales y a gasolineras del país. Se lo detecta cuando una estación recibe más del cupo mensual asignado por la ARCH. La cadena va desde perforaciones clandestinas en poliductos hasta transportistas y tanqueros autorizados que usan guías de remisión para mover carga ilícita. La entrega es rápida porque ya tienen definido el destino del producto sustraído. El combustible robado se usa para abastecer embarcaciones de droga, para cruzar a mercados más caros y para operaciones clandestinas sin trazabilidad financiera. Según las Fuerzas Armadas, seis organizaciones lideran el negocio: Los Lobos, Los Choneros, Los Comandos de Frontera, el ELN, el Frente Oliver Sinisterra y los Latin Kings. Estas mafias se vinculan con minería ilegal, tráfico de armas, municiones y explosivos, además de sicariatos y muertes violentas. La estructura se sostiene con complicidad de funcionarios y actores políticos que, por presión o coimas, permiten que prospere.

En 2025 se ejecutaron 34.215 operaciones contra el tráfico de combustibles. Los militares incautaron 1’009.433 galones y destruyeron 1.101 acoples clandestinos, con una afectación económica superior a USD 21,5 millones. En solo dos semanas, desde el 16 de septiembre, se realizaron 3.360 operaciones que permitieron decomisar 34.265 galones. Los focos principales se ubican en Orellana, Guayas, Sucumbíos, Santo Domingo, Santa Elena, Esmeraldas y Manabí. Un coronel señaló que el dinero perdido debía volver en educación y salud y que al equiparar el costo del combustible con los países vecinos se reduce el contrabando y se debilita la economía criminal.