Noboa evalúa la eliminación de subsidios a gasolinas extra y ecopaís


El presidente Daniel Noboa aseguró que los subsidios al diésel y al gas de uso doméstico no se modificarán.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reveló el pasado 17 de mayo de 2024 en una entrevista con la agencia EFE, desde España, que su gobierno mantendrá los subsidios al diésel y al gas de uso doméstico. Sin embargo, el mandatario anunció que se está evaluando la eliminación gradual de los subsidios a las gasolinas extra y ecopaís. Estas declaraciones han generado un amplio debate en el país sobre el impacto de esta medida en la economía nacional y en los diferentes sectores sociales.
Noboa explicó que los subsidios al diésel y al gas son fundamentales debido a su influencia directa en la inflación, el costo de vida, el transporte y la agricultura. “No pensamos tocar los subsidios al diésel y al gas, que tienen una directa correlación con la inflación, con el costo de la vida, con el transporte y con la agricultura, eso no lo podemos hacer”, enfatizó el presidente.
Por otro lado, el mandatario señaló que la focalización del subsidio a las gasolinas extra y ecopaís es necesaria debido a su bajo octanaje y su limitada participación en el consumo nacional. “Que son naftas de bajo octanaje, el cual es un porcentaje bastante bajo del consumo nacional, eso sí deberíamos irle eliminando”, indicó Noboa. Además, aclaró que la eliminación del subsidio será dirigida a los grupos sociales que no dependan de esta ayuda estatal.
El pasado 2 de mayo, Daniel Noboa firmó un decreto ejecutivo para la creación del Comité de Optimización Energética, cuyo principal objetivo es revisar los subsidios de los combustibles. Según el mandatario, la eliminación total del subsidio de las gasolinas extra y ecopaís podría generar un ahorro para el Estado de entre 500 y 600 millones de dólares al año, mientras que la focalización podría representar unos 300 millones de dólares anuales.
Las propuestas del presidente han sido recibidas con opiniones divididas. Mientras algunos sectores apoyan la medida como una forma de aliviar las finanzas del Estado, otros expresan su preocupación por el impacto que podría tener en los precios de los combustibles y, en consecuencia, en el costo de vida de los ciudadanos.
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