En medio de una gran polémica, el futuro del bloque petrolero ITT ubicado en el corazón del Yasuní, uno de los rincones con mayor biodiversidad del planeta, está en las manos de los ecuatorianos. El 20 de agosto, se decidirá en una consulta popular si continúa o no la extracción petrolera en esta joya de la naturaleza.

Declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1989, el Yasuní alberga incontables especies de flora y fauna, además de ser hogar de pueblos en aislamiento voluntario. Sin embargo, bajo sus tierras descansa un vasto yacimiento de crudo, fuente considerable de ingresos para el Estado ecuatoriano.

En 2008, Rafael Correa, presidente de la época, propuso mantener el petróleo bajo tierra a cambio de una compensación internacional. La propuesta no tuvo el éxito esperado y el decreto de explotación fue firmado en 2013, expandiendo la frontera petrolera en la Amazonía.

El movimiento Yasunidos, junto con la comunidad indígena, lucharon durante años por una consulta popular para decidir el destino del Yasuní. Finalmente, en mayo de 2023, la Corte Constitucional aprobó la consulta, una decisión que ha tardado una década.

Si se decide detener la explotación, el costo se calcula en 16.470 millones de dólares, entre ingresos que el Estado dejaría de percibir y los costos de retirar la infraestructura existente. A pesar de las implicaciones económicas, el Gobierno ha dicho que no hará campaña para influir en la decisión, dejando el veredicto en manos del pueblo ecuatoriano.