La Policía Nacional de Ecuador ha abatido a 100 presuntos delincuentes en los primeros diez meses de 2024, en el marco de una ofensiva contra el crimen organizada bajo el "uso legítimo de la fuerza". Esta cifra, sin precedentes en la historia reciente del país, fue dada a conocer por la misma institución policial, que justificó estas acciones como defensa de la ciudadanía y de sus agentes en zonas azotadas por altos niveles de criminalidad.

El foco principal de estas muertes está en la provincia de Guayas, donde se concentra el 44 % de estos casos, principalmente en Guayaquil, ciudad golpeada por la violencia y el narcotráfico. Otras provincias que figuran en esta estadística son Los Ríos, Esmeraldas y Manabí, las cuales también están bajo el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa, quien ha declarado al crimen organizado como "conflicto armado interno" y a los grupos criminales como "terroristas".

El comandante general de la Policía, Víctor Zárate, defendió estas acciones en redes sociales, resaltando que la prioridad siempre es la vida, pero que en situaciones de alta amenaza no queda otra opción que usar la fuerza letal. Este enfoque agresivo de la Policía contrasta con el escenario de 2022, cuando solo se registraron seis muertes en enfrentamientos policiales. El repunte de estas cifras se debe a la política del Gobierno que ahora permite el uso de armas de fuego contra sospechosos considerados peligrosos y en flagrancia.

Ecuador cerró 2023 con la tasa de homicidios per cápita más alta de Latinoamérica, alcanzando 47,2 asesinatos por cada 100,000 habitantes, una estadística que refleja el incremento exponencial de la violencia criminal, principalmente atribuida a bandas dedicadas al narcotráfico. La estrategia del Gobierno también incluyó la militarización de cárceles controladas por bandas criminales, en un intento por reducir el poder de estas organizaciones desde dentro de los centros de reclusión.

Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han expresado su preocupación por lo que consideran un deterioro de los derechos humanos en Ecuador. En su reciente informe, Amnistía denuncia supuestas detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en prisiones, además de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. Ante las acusaciones de abuso policial, el Gobierno asegura que estas medidas son necesarias para contener la creciente criminalidad y que han dado resultados, reportando un descenso del 17 % en muertes violentas en 2024 respecto al año anterior.

Mientras tanto, en barrios populares como Monte Sinaí y sectores de Guayaquil, los enfrentamientos entre la Policía y presuntos delincuentes continúan sembrando temor entre la ciudadanía. Según residentes, la violencia sigue afectando la vida diaria y persisten casos de secuestro, extorsión y ajustes de cuentas. Este ambiente de inseguridad plantea una incógnita sobre la efectividad real de la política de "mano dura" contra el crimen, que busca devolver la paz, pero que algunos temen pueda violar derechos fundamentales.